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El director de Planeación Roy Alejandro Barreras Cortés para que en sesión plenaria presente deberá explicar en el concejo que control hace ese organismo a las vallas publicitarias y demás publicidad exterior visual existente en la municipalidad.

Así lo planteo el Concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, quien presentó un cuestionario para que desde la dirección de Planeación aclare cuántas vallas o estructuras metálicas dispuestas para publicidad exterior visual existen a la fecha en Cali, según el censo de la dependencia; cuántas con permiso y cuántas ilegales con orden de desmonte, y la regulación existente para garantizar la vida útil de las mismas.

Los Concejales Roberto Rodríguez Zamudio, Juan Martín Bravo Castaño, y Roberto Ortiz Urueña, presentaron adiciones al cuestionario que planteo Tamayo Ovalle.

Roberto Ortiz Urueña consideró vital que el Municipio actualice el Acuerdo Municipal de Publicidad Exterior Visual que no tendría control a la publicidad electrónica, que es una novedad, pero que no tendría control en Cali, “porque cada quien ubica dichas pantallas y ello demanda autoridad para no desbordar lo ya reglamentado”.

Mientras que Rodríguez Zamudio, advirtió que en el año 2017 la administración y el Concejo aprobaron una nueva reglamentación contenida en el Acuerdo No.0436: “por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor, menor, electrónica y/o digital, publicidad en amoblamiento urbano y avisos en Cali”.

Tamayo Ovalle, también pregunta a Planeación sobre las pólizas que se exigen a los propietarios de dichas estructuras en caso de siniestro como el que se presentó el miércoles anterior en la calle 13 con carrera, cuando una valla cayó sobre un concesionario de vehículos averiando varios de ellos. Según el monto establecido para pólizas de garantías, es de 2 mil salarios mínimos para la instalación, pero algunas vallas solo estarían pagando pólizas por 800 salarios mínimos.

Mientras que el Concejal Juan Pablo Rojas solicitó conocer cuántas y cuáles empresas han sido sancionadas a la fecha por violar el Acuerdo vigente desde el año 2017.

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