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• 17 allanamientos y 8 capturas en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja. Se logró establecer que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales.

Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, permitió desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el país en esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.

Gracias a la articulación de esfuerzos entre las entidades mencionadas, se logró la identificación de una organización delictiva dedicada a la comercialización de facturas espurias, con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

Se logró establecer, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como la presunta líder de este ‘cartel de la evasión del IVA’, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.

Así habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias y evadir los controles tributarios. Incluso habría adoptado modelos de evasión internacional para desangrar al Estado por más de una década.

Durante la investigación, adelantada en el marco del Plan Choque ‘El que la hace la paga’, Construyendo Seguridad, ordenado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pudo evidenciar que una sola de las empresas creadas y beneficiadas por este cartel efectuó maniobras irregulares y operaciones de comercio ficticio por más de 40.000 millones de pesos al año.

Adicionalmente, más de 2.000 empresas legalmente constituidas sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para lograr apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

Con base en todos los elementos recaudados, un juez de la República avaló las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación contra los ocho presuntos integrantes de la estructura criminal, que se materializaron en desarrollo de 17 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogotá, Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander).

Los capturados, puestos a disposición del ente acusador, responden ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas de entre 8 y 18 años de prisión.

La afectación económica atribuida a este ‘cartel de la evasión del IVA’, es decir los más de 2,3 billones de pesos, equivale a los recursos con los que se hubieran podido construir 10 hospitales de nivel 1, invertir 5 veces más en el sector deporte o, incluso, financiar todo el sector agropecuario durante un año.

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