Defensoría del Pueblo denuncia que el ejército está ocultando información de operativos en el Pacífico colombiano

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Con preocupación se recibió entre la comunidad la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre el ocultamiento de información por parte del ejército colombiano de hechos de violencia contra la población civil de zonas de conflicto en Chocó, Nariño, Valle y Cauca.

El periódico El Tiempo aseguró que la institución advirtió que la Fuerza Pública no está entregando todos los datos pertinentes sobre la denominada ‘Guerra del Pacífico’.

Como resultado de esa falencia, más de 1.600 indígenas Wounaan y Embera han sido expulsados de sus territorios en el Chocó y persisten las irregularidades en la protección de la población amenazada en la zona.

A pesar de que en Chocó, Valle, Cauca y Nariño hay más de 9.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército, no se han reducido las 65.000 hectáreas de cultivos ilícitos en la región calificada como “la más caliente del país”, señaló el diario.

“La poca información suministrada por la Fuerza Pública, cuando ocurren hechos de violencia en su jurisdicción; la falta de garantías de seguridad para desplazarse en algunas regiones de difícil acceso, donde posiblemente se encuentren comunidades confinadas; (y) la falta de cobertura en las redes de comunicación”, dice la Defensoría, informó El Tiempo.

Al respecto, el organismo mencionó que el Ejército y la Policía se limitan a su función de rutina y no plantean una estrategia para superar la situación de riesgo y amenazas en esa zona del país, dice el diario.

Por ello, la Defensoría envió un informe al Congreso de la República con esta denuncia con la que pretende crear un debate de control político para mejorar la grave situación de orden público en el Pacífico, explicó el medio.

Según el diario, la Defensoría también advirtió que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene debilidades en la comunicación con los entes territoriales, “los cuales se limitan a la remisión de oficios y correos a las autoridades municipales, solicitando en la mayoría de los casos la individualización de las víctimas”.

 

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