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Martha Lucia ZAmora posesion nueva fiscal general

Marta Lucía Zamora, ex fiscal que ordenó la captura y la privación injusta de la libertad del ex diputado del Valle Sigifredo López, fue llamada a interrogatorio por la fiscalía para que responda por la huida de varios ex jefes de las FARC, entre ellos Iván Marquez, El Paisa y Romaña.

La señora Zamora, en su tiempo como fiscal apresó a Sigifredo López al vincularlo con el asesinato de sus compañeros diputados, acusación que después fue desvirtuada lo que generó que el Estado colombiano tuviera que pagarle una millonaria indemnización.

En el caso de las supuestas irregularidades en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ocultar la salida de exjefes guerrilleros de los Espacios de Reincorporación ya se tomaron las primeras decisiones.

Estas tienen que ver con el llamado a interrogatorio para este martes y miércoles, que hizo la Fiscalía, de tres personas: July Milena Henríquez, contratista de la Secretaria Ejecutiva de la JEP, para el martes; Luis Ernesto Caicedo Ramírez, contratista de la Secretaria Ejecutiva de la JEP, para el martes; y Martha Lucia Zamora Ávila, directora administrativa dentro de la  Secretaria Ejecutiva JEP, para el miércoles.

Zamora fue, tras la renuncia de Néstor Raúl Correa, Secretaria Ejecutiva encargada de esta justicia especial derivada del acuerdo de paz de La Habana.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo la semana pasada que el ente acusador tiene evidencias de que funcionarios de la JEP estarían intentando encubrir la salida de algunos exguerrilleros de las zonas de reincorporación, por lo que ordenó que un fiscal se encargue de la investigación a estas personas, que estarían cometiendo delitos como falsedad en documento, entre otros.

«Algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinando falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe actuar, cumpliendo con la constitución y la ley», dijo el Fiscal, quien agregó que se abrió una indagación «a cargo de un Fiscal que tendrá que tomar decisiones prontamente con el fin de impedir que se vaya a violentar el cumplimiento de la constitución y la ley en esa jurisdicción a partir de acciones de las que hay evidencias».

En concreto, este caso se trataría de funcionarios de la JEP, ninguno de ellos magistrado de esa justicia transicional, y abogados que estarían llegando a acuerdos para evitar que prospere el incidente de incumplimiento que se iniciaría para determinar la suerte de quienes han faltado a los compromisos del proceso de paz.

Esa figura la pueden promover la Fiscalía, la Procuraduría, las víctimas o de oficio la JEP, y tendría como consecuencia que los excombatientes pierdan los beneficios del acuerdo de paz y sean procesados en la justicia ordinaria. El fin de las maniobras denunciadas sería afectar esos incidentes y asegurar la continuidad de los exguerrilleros en la JEP.

La presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que la Fiscalía dejó claro que la investigación no se lleva contra “ningún funcionario adscrito a la Magistratura”, por lo que agradeció “la diligencia y el ejercicio preventivo de la Fiscalía”.

Según Linares, la JEP tiene “total disposición para que este suceso sea esclarecido de manera pronta y así se le haga saber a la opinión pública, la cual debe tener la plena certeza de nuestro compromiso y dedicación”.

 

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