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 «En nombre del Gobierno les agradecemos por su compromiso con la historia. Las víctimas agradecerán la seriedad con la que debatieron este proyecto», afirmó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, tras la aprobación de la JEP en la Cámara de Representantes, que es «el proyecto más importante de la implementación del acuerdo de paz».

«Es una muy buena noticia para las víctimas. Existirá un tribunal que garantizará sus derechos», añadió Rivera, quien señaló que este miércoles se votará la conciliación en Senado y Cámara.

Sobre la participación en política, el ministro recordó que este artículo fue “declarado exequible, hace un par de semanas, por la Corte Constitucional”. Explicó que en el régimen sancionatorio de la JEP hay tres modalidades de sanciones: las propias que son para quienes cuentan la verdad, se comprometan a reparar a sus víctimas y consisten en restricción de libertad y tareas restaurativas. “Las alternativas son para quienes cuentan la verdad en el momento del juicio y se pagan con cárcel de cinco a ocho años y las ordinarias se imponen a los que nunca cuentan la verdad, ni reparan a sus víctimas”, añadió.

El ministro Rivera aclaró que frente a las sanciones propias “la Corte dijo que, en cada caso en concreto, el juez evaluará de qué forma se puede hacer compatible el cumplimiento de esas sanciones con el ejercicio de la participación en política”. Agregó que, en el momento de la inscripción, los exmiembros de las Farc tendrán que reiterar su compromiso de comparecer ante la JEP y, “una vez elegidos, certificar, ante la Presidencia de la jurisdicción, la voluntad de comparecer ante dicha jurisdicción”.

Estos son otros aspectos aprobados en esta Ley Estatutaria:

Los asuntos administrativos, de funcionamiento y estructurales de la JEP no sufrieron ninguna modificación.

La justicia restaurativa atenderá

las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplicará con enfoque étnico y de género.

Habrá protección a los procesados, víctimas, testigos, al igual que a los intervinientes.

Ya no solo será la paz, sino también la reconciliación, otro de los principios orientadores de los operadores de la JEP.

Los aforados conservan su fuero, salvo que manifiesten su compromiso de someterse a la JEP.

En caso de que alguna sentencia vulnere los derechos fundamentales de una víctima, ésta podrá presentar una tutela, la cual será revisada y seleccionada por la Corte Constitucional.

Para quienes reincidan en el narcotráfico, después del 1 de diciembre de 2016, se les podrá aplicar el mecanismo de la extradición.

El régimen de inhabilidades para los magistrados del nuevo Tribunal de Paz será el mismo de los magistrados de las Altas Cortes y podrán ser recusados o declararse impedidos, según el caso.

La justicia ordinaria tendrá competencia para investigar y juzgar conductas cometidas antes del 1 de 2016 de disidentes, desertores y excombatientes que incumplan.

Todo aquel que cometa un delito grave, independientemente de que sea máximo responsable o no, debe ser sancionado por la JEP.

Se incluyó el régimen de condicionalidad y su incumplimiento da lugar a la pérdida de tratamiento especial y a la activación de la justicia ordinaria.

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