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El proyecto que establece la prohibición de la casa por cárcel para corruptos, que salió de la mesa anticorrupción,  fue aprobado este lunes definitivamente por el Congreso. En su último debate la iniciativa recibió votación unánime: 89 votos por el sí y 0 por el no.

Lo que prohíbe la iniciativa es que no se puede dar casa por cárcel cuando se presenten delitos que afecten el patrimonio del Estado, y las siguientes acciones: “Acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”, indica el proyecto aprobado este lunes.

Otro de los puntos clave es que se permite a las entidades del Estado terminar por anticipado y sin lugar a indemnizaciones, contratos realizados con personas o sociedades que sean inhabilitadas por corrupción durante la ejecución del contrato.

La iniciativa quedó a la espera de la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara, la cual, en principio, deberá realizarse hasta marzo del próximo año ya que, por el momento, no fue incluida en el decreto de sesiones extras de esta semana.

Pese a esto, algunos parlamentarios han insistido que dicha medida tendría varios problemas y no alcanzaría a pasar en su etapa de conciliación en la Cámara de Representantes.

Este proyecto, que ahora pasa a conciliación, “tiene elementos importantes como eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios que incurren en actos de corrupción y extender las inhabilidades a las personas jurídicas, cuando se trata de grupos económicos.  Actualmente, lo permite para las empresas individualmente, ahora se extiende a los grupos”, explicó la Ministra.

El proyecto anticorrupción, presentado por la Fiscalía, el Gobierno y los partidos políticos, señala que “si se elimina la personería jurídica por actos de corrupción y los directivos son sancionados, hay caducidad del contrato, sin derecho a la indemnización”, agregó.

La Ministra también resaltó el trabajo realizado en el Congreso: “Vale la pena decir que después de un año y medio de trabajar estos proyectos anticorrupción, es un logro haber sacado adelante la publicidad de la declaración de renta, la modificación del régimen de conflicto de intereses y todo  lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, que se extendió a los funcionarios de nivel territorial”.

Por lo tanto, concluyó que “es un buen balance ese paquete anticorrupción, y con eso terminamos esta discusión grande de la voluntad de sacarlos adelante”.

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